A casi una semana del inicio del nuevo paro agropecuario y con posibilidades ciertas de continuar, da la impresión que las posiciones cada vez están más encontradas y por el momento sin punto de retorno. Mientras tanto, la búsqueda del bien común ha quedado relegada como se ilustró en la columna editorial del sábado último. ¿Por qué? Porque los precios suben ante la oferta mermada y la posibilidad concreta del desabastecimiento de productos, que llegó a admitir Rubén Ferrero -secretario de CRA- en la entrevista del sábado pasado en Mitre Rafaela. Con motivo de las acciones de protesta dispuestas por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Sociedad Rural Argentina (SRA) y Federación Agraria Argentina (FAA), más de una decena de entidades adhiere a los planteos que se vienen formulando desde el sector. “Creemos -dicen- que la falta de una política agropecuaria y la permanente adopción de medidas que afectan tanto a la producción, como a la comercialización interna y externa de los productos del agro distorsionan y enrarecen la transparencia de los mercados”. Por su parte, la ministra de Economía Felisa Micheli sostiene que este paro es “político e ideológico”, que atenta al crecimiento de la economía y que siempre estuvieron dispuestos al diálogo con el sector. ¿Cómo seguir creciendo al 8% anual si el Gobierno le pone un tope a las exportaciones de carnes y granos? ¿En qué país hay que pagar las retenciones al agro mientras otros gobiernos subsidian a los productores? A decir verdad, hay incertidumbre en muchos productores y la falta de respuestas satisfactorias a sus fundadas pretensiones mueven a adoptar posiciones drásticas para hacer notar públicamente la premura extrema de los reclamos como el corte de rutas que se produjeron en algunos lugares, metodología tan criticable como los asambleístas en Gualeguaychú o los piqueteros en las ciudades. Las entidades agropecuarias dicen que esta protesta no lleve a la interrupción del diálogo con las autoridades nacionales, única forma de procurar una instancia institucional que permita encontrar una salida a la actual encrucijada. La utopía de la vía del diálogo por ahora está lejana, los precios aumentan y es cierto el riesgo del desabastecimiento. En definitiva, el Gobierno no puede pelearse con todos los sectores y rectificar el rumbo como lo hizo luego de la derrota en Misiones. Los productores tienen su derecho constitucional a reclamar, pero sí evitar la tentación del piqueterismo de obstruir caminos.
Emilio Grande (h.)