El Gobierno insiste con el crimen del aborto
Un fuerte rechazo suscitó en la Iglesia Católica el aborto provocado a una joven discapacitada que había sido violada, ordenado por la Justicia de Entre Ríos y apoyado por el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. El Secretariado Nacional para la Familia, de la Conferencia Episcopal, denunció “un nuevo homicidio intrauterino” y acusó a la Corte entrerriana de prevaricato. Y en un duro pronunciamiento, advirtió: “Cuando quien mata es el gobierno, pierde toda credibilidad y muere la democracia”. Instó a “poner el freno al desenfreno abortista”. Por su parte, el arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, expresó: “Del niño no se habla, como si no hubiera existido. Pero lo cierto es que vivía y lo han matado”. Lo hizo en una declaración que tituló “La sombra de Herodes”. Tras varias instancias judiciales, la Corte autorizó provocar un aborto a la joven discapacitada, embarazada de cuatro meses como fruto de una violación, operación que su madre había pedido y a la que su padre se opuso. Médicos de Paraná se negaron a hacerlo, por estimar que el avanzado estado de gestación incluía riesgo para la madre y por razones de conciencia. Con apoyo del ministro de Salud, la joven fue llevada en avión a Mar del Plata, donde se realizó el aborto en un hospital público. El Secretariado para la Familia, organismo laico del Episcopado, habló de “cultura de la muerte, en su versión más hipócrita y cruel”. Recordó que el tribunal entrerriano sostuvo que en el caso Tanús la Corte Suprema había autorizado un aborto, declarando constitucional el art. 86 del Código Penal. “En verdad -señaló-, dicho fallo dejó expresamente aclarado que el caso fue un adelantamiento del parto, pues el feto era viable y, por tanto, quedaba excluido el aborto. Fundar un fallo en una falsedad es un delito. Se llama prevaricato (artículo 269 del Código Penal).” El Código Penal establece que el aborto no es punible si es producto de la violación de una mujer discapacitada. Así lo reza el artículo 86 del texto legal que señala: “El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”. En esta norma se basaron los jueces para decidir que no era necesario ningún pronunciamiento judicial que autorizara la interrupción del embarazo. Esta claro que el objetivo de este Gobierno es despenalizar el aborto. En 1982 estuvo la Madre Teresa de Calcuta en Rafela. La fundadora de las Hermanas Misioneras de la Caridad y Premio Nóbel de la Paz expresó que “el aborto es la mayor destrucción de la paz, porque la madre mata a su niño que es la imagen de Dios, a su niño que nace para amar y para ser amado”.