Inspectores de Guillermo Moreno se apersonaron en los últimos días en las oficinas de las petroleras Petrobras y Shell para interrogar a sus ejecutivos sobre estructuras de costos y sobre la conformación del equipo dirigencial de las compañías. Paralelamente, Néstor Kirchner iniciaba en Nueva York una visita que, según la letanía oficial, girará en torno de la atracción de nuevas inversiones, sobre todo en el área energética. Nunca la contradicción estuvo mejor expresada que en esos dos hechos casi simultáneos.
La crisis energética está en la Argentina, le guste o no a la administración. La reserva del sistema eléctrico se reduce sólo a un 3 o a un 4 por ciento, cuando esa cifra debería alcanzar el 15 o 20 por ciento. Un próximo verano con temperaturas cercanas a los 40 grados o la caída de un generador producirán irremediables apagones. De hecho, ya hay lugares en el Gran Buenos Aires donde se están produciendo cortes eléctricos que pasan inadvertidos para los que no los padecen.
El problema de Kirchner es que no quiere tener estos problemas antes de las elecciones de octubre del año próximo, pero fue su propio gobierno (agobiado por problemas de deficiente gestión, sea ésta buena o mala) el que dilató las soluciones. En mayo de 2004 se anunció la construcción de dos usinas eléctricas de ciclo combinado que debían estar en funcionamiento en el crucial año 2007. Sin embargo, eso no será posible porque todavía no se terminó el proceso licitatorio. La construcción demanda, de acuerdo con la experiencia, un tiempo de entre 18 meses y dos años.
La posibilidad de que haya cortes de energía eléctrica, que no se puede descartar, afectaría la popularidad del Gobierno, estiman los propios funcionarios oficiales. Empresarios del sector esperan que, en tal caso, el Presidente haga una furiosa campaña para culpar a las compañías por falta de inversiones. Expertos en opinión pública señalan, a su vez, que el Gobierno no se salvará de la objeción social. “El primer día la gente culpará a Edenor; el segundo día, a Edesur, y el tercer día, al Gobierno”, precisaron.
La matriz energética argentina requiere, según diversos analistas, entre 2800 y 3000 millones de dólares anuales de inversión para abastecer un crecimiento del PBI del 5 por ciento. Con un crecimiento que rondó el 9 por ciento en los últimos cuatro años, la inversión en energía eléctrica es ahora nula, salvo la que se hace para reparaciones esenciales del sistema.
¿Por qué la inversión es renuente? En primer lugar, porque Franz Kafka sería en la Argentina, según una vieja y feliz metáfora del juez Enrique Petracchi, un escritor costumbrista. La madeja de subsidios cruzados, de promesas incumplidas y de resoluciones indescifrables es tan grande que no se puede decir que las reglas en la Argentina son malas. Es peor que eso: no hay reglas porque éstas cambian permanentemente.
El enmarañado sistema de subsidios directos o indirectos, hecho para congelar tarifas, le costará al Estado argentino a fin de año unos 8000 millones de pesos. En ese monto se incluirá la diferencia que el Gobierno le paga a Venezuela por el fuel oil que le compra (a precio internacional y, a veces, por encima de ese precio) y el costo, mucho más barato, de la generación de electricidad con gas.
La electricidad y el gas son problemas separados y de gravedad distinta. Sin embargo, también se juntan porque la matriz energética de los años 90 estaba hecha para generar electricidad en estaciones de primera calidad técnica, abastecidas por gas. En muchos casos, el gas debió ser reemplazado ahora por combustible líquido, que en parte se importa de Venezuela.
La electricidad es un problema de difícil resolución inmediata. El gas, que también es escaso, podría tener distintos rangos de afectación y demoraría, por lo tanto, en llegar al usuario común. La variable del ajuste serán la exportaciones a Chile y, por eso, será inevitable un período de tensiones entre ambos gobiernos. Chile necesita dos años más de provisión del gas argentino, hasta que termine la modificación de su matriz energética.
El conflicto argentino es que las reservas de gas no son muchas y que las reservas que se encuentran en el continente no alcanzan a cubrir el exceso de demanda. El próximo paso será la exploración en el mar, pero eso requerirá una inversión y un tiempo mucho mayores que las exploraciones en tierra firme. Un proceso exitoso necesitará, por lo menos, tres o cuatro años para proveer gas abundante.
El gobierno argentino anunció pomposamente la triplicación en el tiempo de las importaciones del gas proveniente de Bolivia. Son ilusiones más que proyectos. No se trata sólo de construir un gasoducto entre Tarija y Córdoba, como se dijo; también hay que hacer inversiones en Bolivia del orden de los 2000 millones de dólares para extraer el gas que irá por ese gasoducto. Ninguna de las grandes empresas petroleras está dispuesta a invertir ese monto en un país donde, por ahora, nunca nada es definitivo.
La inversión está vinculada también a las tarifas. El gobierno de Kirchner anunció que no habrá actualización de tarifas hasta diciembre del próximo año; es decir, hasta después de las elecciones presidenciales de octubre. Las tarifas no sólo servirían para atraer a los inversores, sino también para disciplinar el consumo social de la energía. “La Argentina es el único país del mundo donde la calefacción se regula abriendo la ventana”, explicó un empresario del sector.
Las tarifas subsidiadas de electricidad benefician a los pobres, pero también -y sobre todo- a los barrios elegantes. El caso del gas es patético: las tarifas del gas por cañerías, que es el que consumen los sectores medios y pudientes, están congeladas, mientras está liberado el precio del gas en garrafas, que usan los sectores más humildes de la sociedad. Los pobres terminan subsidiando el consumo de los ricos en la era de Kirchner.
Otra novedad de los últimos tiempos es que el Presidente firma decretos que luego no se cumplen. Pasó con las tarifas de gas. Kirchner firmó un decreto en el que dispuso un ajuste, que se publicó en el Boletín Oficial. Un ente regulador, bajo control presidencial, decidió luego no aplicar el decreto.
Pasó también con los peajes de las autopistas. Existe un decreto que autoriza un aumento generalizado de los peajes (publicado igualmente en el Boletín Oficial) que sólo se aplicó hasta ahora a los automóviles particulares. Los concesionarios de autopistas acaban de recibir la noticia de que los peajes para colectivos y camiones quedarán congelados hasta diciembre del próximo año.
Es extraño un gobierno que firma decretos que luego él mismo incumple. Así, le será difícil al Gobierno encontrar nuevas inversiones en el mundo, por más anuncios que se hagan, si las condiciones no cambian para los inversores que ya están en la Argentina.
Por Joaquín Morales Solá
Fuente: diario La Nación, Buenos Aires, 20 de setiembre de 2006.