El Gobierno buscar imponer el proyecto de radiodifusión

Mientras en las elecciones del 28 de junio último el Gobierno perdió y obtuvo la adhesión de la tercera parte con lo cual la prepotencia y ciertos rasgos autoritarios fueron rechazados, ahora quiere sacar como sea y a cualquier precio el proyecto Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Quién puede negar que el actual decreto-ley 22.285 de radiodifusión de 1980 del último gobierno militar es vetusto, antidemocrático y alejado de la realidad actual de los medios de comunicación? Todos los gobiernos desde 1983 hasta la fecha quisieron legislar en esta materia tan sensible a la libertad de expresión y a los intereses de los propietarios de radios y canales de televisión, pero por diferentes causas no se logró un consenso. Vayamos a las propuestas principales del actual Gobierno: habla de una actividad de interés público, derecho a la libertad de expresión y a la información a cargo de prestadores de gestiones estatal, privada con y sin fines de lucro. Uno de los puntos cuestionables es la autoridad de aplicación. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual estará compuesto por un directorio de 5 miembros: 3 designados por el Ejecutivo nacional y 2 a propuesta de una comisión bicameral (2da. y 3era. minorías) de la comunicación audiovisual. Se crea la Defensoría del público cuyo defensor será designado por el Ejecutivo nacional a propuesta de la comisión bicameral, el que también es un aspecto polémico. En cuanto a la duración de las licencias se otorgarán por un período de 10 años desde la resolución de la Autoridad Federal y serán susceptibles de prórroga por única vez por idéntico plazo. Luego de 20 años, ¿el responsable se tiene que dedicar a otra actividad? Uno de los objetivos apunta a los límites a la concentración de licencias: a nivel nacional hasta 10 licencias de radiodifusión más una señal de TV y a nivel local hasta una licencia de radio AM y 2 licencias de radio FM. Pero la autoridad de aplicación cada 2 años revisará las reglas establecidas para resguardar la competencia y el interés público. ¿El que no se alinea a las medidas del gobierno de turno le sacan la licencia? Julio Bárbaro (ex titular del Comfer hasta marzo 2008 y ex diputado) cuestionó el proyecto: “lo más importante es la voluntad de debatir. Lo más absurdo es que un Gobierno que tuvo hace cuatro años un 60% del consenso busque hoy un consenso cuando tiene un tercio de representatividad. Y lo peor de esta ley es que se plantee un tercio de medios para el Estado. Hay una confusión entre micrófonos y audiencia”. Por estas horas el Gobierno quiere imponer el proyecto de cualquier manera con el objetivo de votarlo en 10 días, cuando en realidad debería tratarse a partir del 10 de diciembre con la nueva composición parlamentaria. Para Kirchner es una guerra contra el grupo Clarín como lo fue en 2008 contra el campo, pero se olvida del bien común.