El fallo que buscó cambiar la historia de ilegalidad en el país

La Cámara Federal condenó el 9 de diciembre de 1985 a los jefes de la dictadura. El tribunal trabajó durante cincuenta días corridos para redactar el texto final. El ex dictador Jorge Videla y el jefe de la Armada Emilio Massera condenados a cadena perpetua

Por Laura Capriata

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Hace exactamente 20 años, un fallo de 2000 fojas, redactado con máquinas de escribir manuales y dos rudimentarias procesadoras de texto, sellaba la historia de la democracia en el país. El 9 de diciembre de 1985, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, presidida por Carlos Arslanian e integrada por Ricardo Gil Lavedra, Andrés D´Alessio, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Jorge Torlasco, dio a conocer la sentencia del juicio que condenó a los integrantes de las juntas militares de la dictadura. Tres días después de asumir, tras ganarle a Italo Luder con el 51,7 por ciento de los votos, Raúl Alfonsín, creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) cuya investigación tendría un papel fundamental en el juicio. Al año siguiente, la Cámara Federal acusó al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de incurrir en demoras injustificadas para juzgar a los comandantes, se hizo cargo del proceso y el 22 de abril de 1985 se inició la audiencia oral, en un clima enrarecido. “El poder militar estaba virtualmente intacto. La primera inquietud era saber si se interrumpía la democracia y nos teníamos que exiliar todos los jueces, y la otra era cómo iba a reaccionar la opinión pública, que estaba temerosa y desconfiada”, confesó Arslanian. La sentencia que el propio Arslanian leyó hace 20 años, condenó a Jorge Rafael Videla (reclusión perpetua), Emilio Massera (prisión perpetua), Roberto Viola (17 años de prisión), Orlando Agosti (4 años y medio de cárcel) y Armando Lambruschini (8 años de prisión) y absolvió a Omar Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami Dozo. El fallo, que rechazó las justificaciones de los militares, se basó en 700 casos paradigmáticos que se presentaron ante el tribunal, elegidos entre los casi 9000 que investigó la Conadep. “A partir de esa sentencia, nunca más se discutió la existencia de la desaparición de personas, de tormentos, privación ilegal de la libertad y homicidios. Esos hechos se dieron por probados”, resaltó Valerga Aráoz. Efectivamente, el fallo da por probado que los comandantes, “a pesar de contar con todos los instrumentos legales para llevar a cabo la represión [del terrorismo] de modo lícito, optaron por la puesta en marcha de procedimientos clandestinos e ilegales”, que enumera como “apresamiento violento, detención clandestina, interrogatorio bajo tormentos, homicidio y saqueo de bienes”. La decisión judicial también señala que entre las víctimas había “tanto personas pertenecientes a organizaciones subversivas como ajenas por completo a ellas”. Para Gil Lavedra, la sentencia reconoció “la gravedad de la delincuencia terrorista, pero señaló que el Estado debía hacerle frente a través de la ley, no fuera de ella”. En palabras de Arslanian, las juntas “se apropiaron de procedimientos ilegales para combatir la ilegalidad”. En el juicio, esencial para desarticular la cúpula militar y afianzar la débil democracia que acababa de nacer, hubo 833 testigos, entre ellos sobrevivientes a la represión, militares, periodistas, sacerdotes y ciudadanos extranjeros. “Nunca me voy a olvidar del caso de un chico de 15 años. Lo torturaban delante de la mamá para que ella dijera dónde se escondía el padre, un afiliado al Partido Comunista. Ella se lo dijo, pero un mes después el nene apareció flotando en el Río de la Plata”, dijo conmovido Valerga Aráoz.

Prueba monstruosa

Además de los testimonios, el tribunal recibió 18 mil hábeas corpus y 6500 expedientes provenientes de juzgados penales de todo el país, que se sumaron a los casi 9000 legajos que aportó la Conadep. La representación argentina ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas envió 15 contenedores [que pesaban dos toneladas] con reclamos de más de 30 países por ciudadanos de esas naciones desaparecidos o detenidos. Al momento de dictarse la sentencia, el expediente tenía 38 mil fojas, lo que el fiscal del juicio, Julio César Strassera, calificó de “prueba monstruosa”. Para Strassera (que tuvo como adjunto de la fiscalía a Luis Moreno Ocampo), fue la primera vez que un tribunal civil, con 100 años de antigüedad, condenó a dictadores usando el Código Penal vigente y, según destacó, “marcó el retorno de la juridicidad y el Estado de derecho al país”. Para redactar el fallo, de 2000 fojas, la Cámara trabajó 50 días corridos durante 14 horas diarias, con el modesto auxilio de 10 máquinas de escribir manuales, dos procesadores de texto rudimentarios y varios mecanógrafos. Las penas resultaron menores a las pedidas por el fiscal, aunque la acusación las aceptó. En el caso de Videla, por ejemplo, que fue el que recibió la mayor pena, el tribunal lo encontró responsable de 83 homicidios, 504 casos de privación ilegal de la libertad, 254 tormentos, 94 robos agravados, 180 casos de falsificación de documento público, 4 usurpaciones, 23 casos de reducción a servidumbre, 2 secuestros extorsivos, 7 delitos de sustracción de menores y otros 7 de aplicación de tormentos seguidos de muerte. Fue la respuesta de la Cámara Federal al pedido de condena del fiscal Strassera, que en su famoso alegato y parafraseando al informe final de la Conadep, había pronunciado las palabras que quedaron como símbolo del fin de una época: “Señores jueces, nunca más”.

Laura Capriata

Fuente: diario La Nación, 9 de diciembre de 2005

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