La crisis en la Universidad de Buenos Aires (UBA) se profundizó de tal manera que el martes último dirigentes estudiantiles y del gremio no docentes pasaron de las agresiones verbales a las físicas, lo que imposibilitó el cuarto intento para desarrollar la asamblea universitaria y elegir a las nuevas autoridades. Las bochornosas imágenes de la televisión fueron patéticas con golpes, corridas y el saldo lamentable de un alumno que debió ser hospitalizado. ¿Por qué ocurrió esto? No hay que olvidar que la sociedad argentina es bastante violenta por naturaleza a lo largo de su historia y la política no está exenta de esta virulencia, pero a decir verdad el desencadenante fueron las repetidas “tomas” de los edificios del Colegio Nacional y de la Facultad de Medicina por parte de la cuestionada dirigencia de la FUBA que derribó el vallado. Sus argumentos no tan valederos son que están en contra de la candidatura de Atilio Alterini –decano de la Facultad de Derecho- por su pasado con la dictadura como empleado, pero se desconoce su participación real en hechos de violaciones a los derechos humanos como sí se le atribuyen al diputado Patti. También es criticable la actitud de los dirigentes estudiantes de FUBA porque cuestionan la falta de democratización de la universidad para elegir a los representantes de los distintos claustros, impidiendo que se sesione la asamblea para elegir al nuevo rector. En todo caso las vías institucionales son el espacio para discutir estos temas, porque con sus prácticas de tomar edificios terminan siendo antidemocráticos. Lo llamativo fue que no hubo un solo policía en el lugar de los incidentes producidos en el exterior del edificio. ¿Quién se hacía cargo si había muertos? El rector Guillermo Etcheverry dijo que el Ministerio el Interior –a cargo de Aníbal Fernández- había retirado a los agentes policiales del Colegio Nacional y era responsabilidad del Gobierno apostarlos en Medicina, más aún con los antecedentes anteriores. Según el rector, la reforma del estatuto universitario que data de 50 años debe ser reformado por el Consejo Superior, pero está supeditada a la también cuestionada ley de Educación Superior que vulnera la autonomía universitaria y el propio ministro de Educación Daniel Filmus se comprometió a reformarla. En el medio están los reclamos por transparentar los fondos –como en tantos organismos públicos de la Argentina-, impulsar concursos docentes que no estén merced a las autoridades de turno y propiciar la participación activa de la comunidad universitaria para desterrar a los grupúsculos violentos que no son representativos. Este es el desafío de los estudiantes, docentes y graduados porque está en juego el futuro de la universidad pública de la Argentina, no solamente con la coyuntura de la renovación de autoridades sino discutir presupuesto, financiamiento e investigación.
Emilio Grande (h.)