Por Emilio Grande (h.).- Mientras la gente común sufre diariamente los problemas de fondo sin revolver como crisis socioeconómica profundizada por la inflación, inseguridad, corrupción, que se vieron agudizados por la pandemia-plandemia con la cuarentena eterna de la Argentina, la primera dama Fabiola Yáñez festejó su cumpleaños el 14 de julio de 2020 en la quinta presidencial de Olivos con la complicidad encubierta del impresentable Alberto Fernández, en medio de duras restricciones.
En aquel momento, el gobierno nacional nos “trabajó” la cabeza, metiéndonos el miedo del coronavirus, encerrándonos durante 8 meses, a partir del 20 de marzo del año pasado, priorizando supuestamente la salud sobre la economía, lo que produjo graves consecuencias psicológicas y económicas, cerrándose miles de emprendimientos que produjo el aumento de la pobreza a más del 44% de la población, las clases virtuales durante todo el 2020, la no práctica de actividades deportivas, entre otros problemas.
A decir verdad, la máxima autoridad gubernamental es el que debiera dar el ejemplo a la comunidad, pero lamentablemente se nos ríe en la cara: primero negando la foto publicada por la periodista Guadalupe Vázquez en La Nación+, después admitió que el festejo existió, culpando a su pareja, como Adán hizo lo mismo con Eva al inicio de la creación del mundo con el pecado original.
Finalmente, Alberto pidió unas tibias disculpas, su jefa Cristina le exigió en un acto público que pusiera “orden” al desmadre institucional y luego el propio Gobierno filtró videos de la fiesta con más de 10 personas invitadas, admitiendo que anticiparon la difusión para evitar que se conocieran cerca de elecciones, las que fueron difundidas por el medio kirchnerista El Destape y por la TV Pública.
Las críticas llovieron de todo el arco político incluido de dirigentes oficialistas. Desde la oposición, especialmente los diputados nacionales Mario Negri, Cristian Ritondo, Luciano Laspina y Karina Banfi, entre otros, de Juntos por el Cambio, presentaron el pedido de juicio político al Presidente. No va a prosperar porque se necesita los 2/3 de ambas cámaras del Congreso y la oposición necesita necesariamente del kirchnerismo. Si prosperara el juicio político, asumiría Cristina… sería peor el remedio que la enfermedad.
Para ser justos, la Justicia debería actuar igual como hizo con muchas personas que violaron la cuarentena. Hay una denuncia judicial a cargo del juez federal Sebastián Casanello, que lleva adelante el fiscal Ramiro González, quien pidió saber si los asistentes al festejo habían tramitado un permiso de circulación, recordando que en aquel momento solamente podían circular las denominadas personas “esenciales”.
La Fiscalía debe determinar si las conductas denunciadas pudieran configurar los delitos previstos del Código Penal en los artículos 205 que establece “será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia” y 248 fija “será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.
En medio de este escándalo, el Gobierno denunciará a una amiga de Fabiola Yañez por la filtración de las imágenes. Se trata de la abogada Stefanía Domínguez, presente en el agasajo, quien habría ofrecido las fotos. En vez de reconocer el pecado cometido y evitar nuevos problemas, parece que el objetivo es perseguir al pecador, en este caso pecadora.
Mauricio D´Alessandro, abogado de Domínguez, dijo que el decreto de Alberto es inconstitucional, sosteniendo que “se necesita una ley del Congreso para limitar el derecho de reunión. No es posible que se le aplique, no solo a Stefanía, a ninguno de aquellos que salieron a la calle y recibieron las 55.000 causas penales que hay”.
El argumento gubernamental para justificar la interminable cantidad de decretos emitidos desde marzo de 2020 fue que estábamos en una supuesta emergencia sanitaria y nos encerraron a todos durante varios meses, mientras el Presidente nos tomaba el pelo… La debilidad de Alberto Fernández quedó por demás de manifiesta, por más que haya dicho que “no me van hacer caer”. Se está cavando su propio pozo porque en menos de dos años fue perdiendo el “capital político”, que ansía todo dirigente. Lo más grave es que le quedan más de dos años de mandato en medio de una crisis institucional inusitada sin precedentes con finales abiertos.