Por Emilio Grande (h.).- Mientras fueron endurecidas las medidas restrictivas a nivel nacional, provincial y local, cuyos objetivos buscan atenuar el supuesto y masivo virus contagioso, sumado a las terapias al límite, según las autoridades oficiales, distintos actores sociales y la gente de a pie empezó a despertarse del largo letargo del autoritarismo gubernamental desde que se declaró la pandemia-“plandemia” con la eterna cuarentena el 20 de marzo de 2020.
El gobierno provincial fue un adelantado esta semana con las nuevas restricciones insostenibles desde el 20 al 31 de mayo. El detonante fue la suspensión de las clases presenciales en las ciudades de Rafaela, Santa Fe y Rosario, lo que generó reacciones contrarias de los padres y alumnos. Lo patético es que del 26 al 28 de mayo no hay clases virtuales en la provincia de Santa Fe.
Además fueron las reuniones sociales particulares y al aire libre, actividades deportivas, eventos religiosos en lugares cerrados, eventos culturales, los comercios hasta las 17, los supermercados hasta las 19, siendo lo más contradictorio la circulación vehicular las 24 horas. Muchos se quejaron porque deben ir caminando al supermercado, siendo una payasada.
A nivel nacional siguieron la misma línea con medidas más duras y muy cuestionadas por el común de la gente: quedan suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial; sólo se podrá circular en las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18 o por razones especialmente autorizadas. Alberto adelantó qué sucederá desde el 31 de mayo hasta el 11 de junio inclusive: se retomarán las actividades en el marco de las medidas vigentes previo al último decreto.
¿Cuál es el grado de tolerancia de la sociedad cansada por el hartazgo de la eterna cuarentena de 9 meses en 2020 y ya llevamos más de 1 mes en el capítulo 2 de la cuarentena/2021? ¿Cuáles son las consecuencias económicas con las nuevas restricciones? ¿Bajarán la cantidad de contagiados?
Frente a estas decisiones simplistas y sin argumentos valederos, no discutidas por distintos actores sociales para lograr un mayor consenso social, por suerte la gente empezó a despertarse de esta locura política a la que nos quieren llevar, no respetando las garantías individuales establecidas en la Constitución Nacional.
Así, podemos observar a distintos grupos sociales, quienes salen a protestar a nivel nacional y local porque ven avasallados sus derechos más elementales como estudiar, trabajar y perder la libertad de esparcimiento. Ante a la insensatez e incoherencia de las autoridades provinciales de cerrar las escuelas, cientos de rafaelinos salieron a protestar en la plaza 25 de Mayo. ¿La educación no es esencial? El 2020 fue casi un año perdido. La Carta Magna garantiza el derecho a estudiar, tan importante como los derechos a trabajar y a la salud, y quedó ratificado en el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia.
En este contexto, el neurocientífico Facundo Manes opinó que “la salud mental también es esencial. Necesitamos urgente una campaña masiva para mitigar el impacto de estas nuevas restricciones”.
Al mismo tiempo, el gobierno nacional dispuso el cierre de las exportaciones de carne sin argumentos válidos, que produjo las repuestas de las entidades agropecuarias con el cese de comercialización de todas las categorías de hacienda vacuna por 9 días, y la Mesa de Enlace analiza extender el paro a la venta de granos. Es una medida que también fue criticada por los gobiernos provinciales de Santa Fe y Córdoba.
Esta errónea decisión política generará mayores problemas económicos porque no se podrán atender los compromisos contraídos con los clientes externos y generará la disminución de la actividad en los frigoríficos con la suspensión de cientos de empleados. Un ejemplo de ello es lo que ocurrirá en Casilda, donde Rafaela Alimentos tiene su planta de faenamiento y gran parte de la producción se exporta. El domingo pasado estuvo en nuestra ciudad el doctor Mariano Arriaga (fundador de “Médicos por la verdad”), cuestionando el uso del barbijo, los testeos, la prohibición de las autopsias para determinar la muerte de los contagiados y la vacuna sin poder reclamar al laboratorio en caso de contraindicación o que produzca la muerte. Un ejemplo de esto último, la ANMAT investiga “residuos” detectados en vacunas de AstraZeneca…