El Centro Comercial aportó cambios para el estatuto del Instituto Municipal de la Vivienda

Los ediles comenzaron a mantener reuniones con distintas entidades de la ciudad para evaluar las mejoras necesarias para el marco regulatorio del organismo.

Compartir:

Desde que el Ejecutivo planteó la necesidad de modificar el estatuto del Instituto Municipal de la Vivienda que rige desde 1967, los ediles comenzaron a mantener reuniones con distintas entidades de la ciudad para evaluar las mejoras necesarias para el marco regulatorio del organismo. En este sentido, la semana pasada dialogaron con representantes de los colegios de profesionales de la construcción, a quienes les propusieron integrar el Directorio del instituto. En tanto, en la mañana de ayer convocaron al Centro Comercial e Industrial de la Ciudad de Rafaela, para evaluar las posibles modificaciones al marco legal que rige a este instituto. En concreto, los cambios propuestos por el Ejecutivo apuntan a otorgarle mayor poder de decisión a este organismo, como por ejemplo ofrecer líneas de financiación destinadas a familias de escasos recursos para facilitar la ampliación e inicio de viviendas a través de mecanismos de autoconstrucción. En lo que respecta al Directorio, desde la intendencia pretenden lograr un aumento de atribuciones especialmente; posibilitar otorgar créditos hipotecarios por el 100% del valor de compra, construcción, refacción o remodelación de inmuebles; y permitir la formación de fundaciones sin fines de lucro para el desarrollo de proyectos. En la actualidad, a este organismo lo dirige Daniel Basano y está integrado por delegados de distintas entidades de la ciudad.

Los cambios que proponen desde el Centro Comercial

Entre las distintas propuestas que acercaron desde el Centro Comercial e Industrial de Rafaela, una de éstas colisiona con lo propuesto desde el Municipio y que propicia el cobro de remuneraciones para el titular del organismo. En este sentido, desde el sector comercial prefieren que sigan trabajando sin percibir sueldos, a excepción de los viáticos. Además, desde esta institución dejaron en claro que la Municipalidad deberá responder por todos los actos que realice el instituto, así lo expresan en el documento entregado a los ediles. “Art. 4° La Municipalidad de Rafaela responderá solidariamente por todos los actos que realice el instituto”. Con respecto a los integrantes del Directorio pretenden que duren en sus cargos dos años, siendo procedente su reelección hasta dos o tres períodos; y en este punto agregan como moción que no perciban sueldos al expresar que “la totalidad de los miembros del directorio no perciban remuneración por la prestación de sus servicios, pudiéndose únicamente reposición de sus viáticos como Gastos de Representación”. Asimismo, coinciden con el Ejecutivo en lo que respecta al privilegiar a las empresas locales, aclarando que deberán realizarse los respectivos llamados a licitación. De este modo, destacan en el documento: “El instituto deberá llamar a licitación para la construcción de viviendas, compras de materiales, contratación de trabajos, etc. en todos los casos, dando prioridad a empresas locales”. En cuanto a las responsabilidades de los directores sostienen que “serán personal y solidariamente responsables para con el instituto ante casos de corrupción o desvíos de fondos en forma deliberada y en beneficio propio, siempre que los mismos sean debidamente comprobados. Las entidades que representan no quedarán involucradas en estas responsabilidades”. Por último, agregan como posibles recomendaciones que se definan puntualmente: los mecanismos para lograr el cobro efectivo de cuotas por parte de los adjudicatarios, por ejemplo mediante la exigencia de las debidas garantías las que puedan ser a través de un codeudor solidario o de un gravamen hipotecario sobre el inmueble adjudicado, de acuerdo a la calidad del beneficiario; y por otro establecer una metodología de oferta para el personal foráneo contratado por las empresas cuya debilidad primordial para su radicación obedece a la imposibilidad de concretar la compra y/o construcción de una vivienda familiar.

Fuente: diario Castellanos, 23 de noviembre de 2005.

Compartir:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

*