El caso Skanska: aumenta la presión del Gobierno sobre jueces

Hay un aspecto político y otro formal. El político consiste en que el gobierno está furioso con López Biscayart. El aspecto formal que provocó la colisión entre el juez y el gobierno fue que el magistrado aceptó un pedido del único preso del “caso Skanska”, Adrián López, que reclamó ser sacado de la cárcel de Marcos Paz porque estaba seguro de que su vida corría peligro.

Por Joaquín Morales Solá

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No hay memoria de un caso de tanta gravedad institucional como el que protagonizó el ministro del Interior, Aníbal Fernández, cuando denunció ante el Consejo de la Magistratura (posible antesala de un juicio político) al juez Javier López Biscayart.

El magistrado está investigando el presunto pago de sobornos a funcionarios del gobierno de Kirchner en el llamado “caso Skanska”. El ministro pidió de hecho su juicio político por un trámite de esa misma causa, la primera en la que un testigo asegura que actuales funcionarios cobraron coimas.

Para peor, otra instancia judicial intensamente presionada por el Gobierno –la sala IV de la Cámara de Casación– deberá decidir sobre la excarcelación pedida por el testigo que habló de sobornos.

La presión sobre la Cámara de Casación ya motivó un pedido de licencia por razones de salud de su presidente, Alfredo Bisordi, y, de manera implícita, la decisión de acogerse a la jubilación de una jueza del tribunal, Amelia Berraz de Vidal.

Con todo, nunca se había llegado tan lejos con las presiones a los jueces; el pedido de juicio político por parte del Gobierno de un juez que investiga la honestidad de funcionarios del propio gobierno batió cualquier récord.

Desde ya, suponer que esa decisión corresponde sólo al ministro del Interior es desconocer la lógica y la mecánica del gobierno de Kirchner. Es absolutamente inconcebible que una gestión de esa naturaleza se haya hecho sin el conocimiento previo de la más alta conducción del Estado. Se trata, por lo tanto, de una decisión política del Gobierno.

La principal objeción a la reciente reforma del Consejo de la Magistratura consistía en que el oficialismo se aseguró el control de los dos tercios del cuerpo, necesario para promover o remover a los jueces. No sería casual, entonces, que el Gobierno haya recurrido al Consejo de la Magistratura cuando se topó con un juez dispuesto a enfrentar algunos designios de la administración.

Hay un aspecto político y otro formal. El político consiste en que el gobierno está furioso con López Biscayart. El aspecto formal que provocó la colisión entre el juez y el gobierno fue que el magistrado aceptó un pedido del único preso del “caso Skanska”, Adrián López, que reclamó ser sacado de la cárcel de Marcos Paz porque estaba seguro de que su vida corría peligro. El juez creyó seria esa advertencia y ordenó su traslado a la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal.

El ministro Fernández, de quien depende la Policía Federal, le ordenó a ésta que no acatara la orden del juez, porque, según su interpretación, los tratados internacionales sobre derechos humanos impiden que presos comunes sean alojados en dependencias policiales.

Aun cuando hay interpretaciones distintas sobre ese mandato del Pacto de San José de Costa Rica (algunos sostienen que se refiere a condenados y no a procesados), la cuestión de fondo es que tanto los tratados como el juez están defendiendo el mismo bien: la vida humana.

Debe convenirse en que el valor de la vida es un concepto superior a la interpretación fría de cualquier tratado internacional, todos ellos hechos para defender la vida de personas bajo circunstancias distintas de las de López. De todos modos, la Constitución argentina incorporó a su texto, en la reforma de 1994, otros cuatro tratados internacionales que protegen la vida humana en cualquier circunstancia. El juez no estaba, por lo tanto, olvidando ni violando el texto y el espíritu de la ley.

El primer derecho de un preso es que su situación debe quedar bajo la absoluta responsabilidad de un juez y no de la de un ministro. El preso perdería toda noción de sus derechos si, además, quedara sometido a la opinión del ministro de un gobierno a cuyos funcionarios el mismo preso acusa de haber cobrado sobornos.

La situación del juez López Biscayart motivó ayer que la candidata presidencial Elisa Carrió dirigiera una carta al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, reclamándole al máximo tribunal de justicia del país una decisión que proteja a los jueces de las presiones del Gobierno. Carrió habría hablado también del asunto con la jueza Carmen Argibay, miembro de la Corte Suprema.


De cualquier forma, la predisposición del Gobierno a presionar sobre jueces que investigan -o deciden- sobre causas que afectan al Poder Ejecutivo debería convocar la reacción de un amplio arco político. En última instancia, no se trata sólo del juez López Biscayart; también está en el ojo de la tormenta la Cámara de Casación, que debe decidir sobre la situación del preso que mencionó posibles sobornos. Está, al mismo tiempo, la posibilidad de un grave precedente para que otros jueces no avancen en esta clase de denuncias.

El “caso Skanska” ya provocó un testigo amenazado, el propio preso López, y la decisión del mismo juez de proteger con guardia permanente todas las pruebas reunidas en la investigación, porque teme que desaparezcan. Ya tuvo el efecto incandescente de hacer estallar el fuego en la Secretaría de Energía, donde hubo un misterioso incendio en días recientes.

Ya fue allanada también una dependencia del Ministerio de Planificación. Ya le fue pedido a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) el listado de fideicomisos que maneja el Gobierno; son muchos y con uno de ellos se habría financiado el Gasoducto del Norte, la obra que está bajo la lupa del juez López Biscayart. El problema es que la conducción de la Sigen está en manos de la esposa del ministro Julio De Vido, Alessandra Minnicelli, cuyo traslado el Gobierno prometió muchas veces y no cumplió nunca.

Se lo mire por donde se lo mire, se trata de un caso emblemático. La situación en la que el gobierno colocó al juez López Biscayart es inadmisible por él mismo, se compartan o no todas sus decisiones, pero lo es también para una mínima noción sobre el valor de las instituciones y de la moral pública.

Por Joaquín Morales Solá

Fuente: diario La Nación, Buenos Aires, 18 de abril de 2007.

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