El 86% de los argentinos estima que vivimos al margen de la ley

En la ciudad de Corrientes el pasado 27 y 28 de octubre se desarrolló la asamblea general de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. El Dr. Enrique José Marchiaro es miembro de dicha institución y como tal participó de este evento que este año se inició con la presentación de la “Encuesta de cultura constitucional Argentina: una sociedad anómica”, proyecto conjunto de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional e IDEA Internacional.

Por Enrique Marchiaro

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Si bien reproducimos luego algunas de las conclusiones que sintetizan muy bien el material (voluminoso, por cierto, atento a su fundamentación sociológica, puesto que se trabajó sobre mil casos personalizados) el profesional rafaelino compartió con LA OPINION la evaluación que se hizo en dicho evento. El abogado Enrique José Marchiaro, se explayó con amplitud respecto al tema, recordando que “meses atrás el diario La Nación y en algunas crónicas periodísticas nuestro maestro Pedro Frías han difundido parte de las conclusiones de esta encuesta nacional pero que recién se aprobó formalmente días atrás por parte de la entidad que representa al constitucionalismo argentino. Quién fuera hasta el 28 de octubre de 2005 presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional -ese día hemos elegido para el nuevo período al rosarino Néstor Sagüés- nos brindó un informe pormenorizado de las conclusiones de la encuesta, a la que calificó como un reto para los hombres de derecho y la ciudadanía en general. Nadie duda que a mayor poder mayor responsabilidad y por ello claramente la población advierte como los primeros incumplidores de la Constitución a los políticos, pero hay una cuota también de claro incumplimiento por parte de la ciudadanía”. “Lo más grave quizá -afirmó Marchiario- es que vivimos en una sociedad anómica (anomia= vivir sin ley) que no es sólo legal sino cultural y moral: llega un punto en que realmente no sabemos que esta bien y que esta mal. Los orígenes de la anomia en argentina son bastante conocidos y han sido muy estudiados (la obra del constitucionalista argentino Carlos S. Nino es un hito) pero se desconocía su presencia real entre nosotros, puesto que a partir de cómo nos vemos es cómo realmente somos. Y una encuesta nacional con plena base científica da los lineamientos para un diagnóstico elemental, quedando claro que revertir este estado de cosas llevará décadas pero sin duda requiere de educación cívica, ejemplaridad en todo nivel dirigencial pero sobre todo en el político, plena independencia judicial y control ciudadano”. “La sensación en nuestra entidad -continuó avanzando Marchiaro- fue primero de un profundo sinsabor, como ver cara a cara un rostro que todos conocemos pero que nos cuesta asumir en su real dimensión, pues vivir en la anomia es tan pero tan grave que sólo se explica por el grado de subdesarrollo y desapego al interés general y el bien común que llevó a que Argentina haya descendido del puesto 7 de las primeras décadas del siglo XX, al puesto en que nos encontramos hoy. Es uno de los pocos casos del mundo, sino el único, de una nación que ha caído tanto en tan poco tiempo. Y en ello el incumplimiento de la ley como “casa de todos” es una de las grandes causas de nuestro derrotero no sólo moral e institucional sino económico: esta más que probado en la teoría económica actual, que sin seguridad jurídica y previsibilidad general no hay desarrollo posible. En otras palabras, una buena cuota de constitucionalismo es un requisito del desarrollo, no al revés como muchos lo entienden.” “El análisis del documento -continuó- entre los constitucionalistas argentinos ha llevado a un replanteo directo de la enseñanza de la materia en las facultades de derecho y fronteras afuera en relación con la política y el resto de la sociedad, ámbitos que requieren también de una educación permanente de tipo constitucional, pues pocos conocen así los roles del Legislativo, el Ejecutivo o el Judicial, la “inalterabilidad de sus derechos fundamentales” mediante reglamentación legal, la importancia de los principios republicanos, etc.” “Nos parece importante entonces que el lector saque sus propias conclusiones sobre los datos arrojados y comprenda mejor cuales son las diez propuestas que sobre el tema “educación constitucional” la entidad madre del constitucionalismo argentino brinda como aporte para todo el país”, sostuvo el constitucionalista.

Algunas conclusiones de la encuesta

La desagregación de los datos evidencia los claroscuros que caracterizan nuestra sociedad. En el terreno positivo, constatamos la alta valoración que la mayoría de los entrevistados tiene de la Constitución y el hecho que el respeto a la ley aparece como el logro más deseado para la sociedad argentina. La observancia y aplicación de las leyes son vistas asimismo como el factor más importante para fortalecer la democracia, junto a la existencia de gobiernos honestos, transparentes y que rindan cuenta. Pero de la investigación surgen, de igual forma, con toda crudeza, noticias muy preocupantes. Entre ellas, un bajo grado de conocimiento de la Constitución junto a un alto nivel de irrespeto por la legalidad. El 86% de la población entrevistada considera que la Argentina vive la mayor parte del tiempo al margen de la ley, mientras que para el 88% de los entrevistados los argentinos son desobedientes y transgresores, aunque la mayoría no se ubica a sí mismo en esa categoría. Particularmente grave es el hecho de que los políticos en primer lugar (con un 74%), seguidos de los policías (56%), los funcionarios públicos (49%) y los jueces (41%) sean percibidos como los mayores y principales violadores de la ley. Estos datos evidencian la gran paradoja que hoy caracteriza a la sociedad argentina. Por un lado, una gran demanda de legalidad, una alta valoración de la Constitución y una demanda de líderes capaces de manejarse con apego a las leyes. Pero, por el otro, una sociedad que conoce y cumple poco su Constitución, que se autocalifica mayoritariamente como transgresora, que en lugar de asumir como propia la responsabilidad de este incumplimiento prefiere transferirla a los “otros”, en la que el 41% opina que hay momentos en que es necesario desobedecer la ley, el 38% sostiene que si piensa que tiene razón está dispuesto a ir en contra de lo que manda la ley, y el 23% que no está dispuesto a obedecer una decisión que no le gusta aunque esta haya sido adoptada por la mayoría. Uno de los activos más importantes logrados en los últimos 22 años de vida democrática en la Argentina es que los argentinos valoran y apoyan a la democracia. Los datos de la encuesta no dejan duda al respecto, siendo consistentes con muchos otros estudios. Lamentablemente, este apoyo a la democracia no se ha visto acompañado de un desarrollo similar en relación con la vigencia de un régimen republicano y del fortalecimiento del Estado de Derecho. Por el contrario, lejos de haber ido consolidándose progresivamente un régimen republicano democrático, hemos caminado en sentido inverso. Sus atributos principales -el control ciudadano del poder del estado, el equilibrio de poderes, la transparencia y la publicidad de la cosa pública-, siguen débiles o ausentes. Constatamos en cambio, a la luz de los datos de la encuesta, que existe una falta de correspondencia entre leyes y creencias. La ciudadanía no cree ni en quien hace las leyes (congresistas), ni en quien las ejecuta (gobernantes) ni en quien las interpreta y aplica (justicia); y, a veces, no establece con demasiada precisión a quien cabe cada una de esas funciones. Estamos pues ante un problema complejo, profundo, que no tiene ni puede tener respuestas simples y puntuales. Su solución demanda, por el contrario, una estrategia integral, continua y de largo aliento. Es esta una problemática que no puede ni podrá ser resuelta por un ministerio, o un cuerpo de inspectores, o una policía mejor preparada e incentivada, ni con ninguna mejora en algún aspecto parcial de los muchos que conforman este fenómeno. Tenemos que tomar conciencia de que la responsabilidad es compartida, y que compete no sólo a los gobernantes -sobre los cuales pesa obviamente un altísimo nivel de responsabilidad- sino también a los ciudadanos.

Propuestas

a) Fortalecer el accionar del Congreso de la Nación y de los otros cuerpos legislativos, para el efectivo cumplimiento de sus funciones de legislación y control político de los órganos ejecutivos. Esto significa terminar con la legislación de emergencia y las prácticas abusivas de los decretos de necesidad y urgencia y legislación delegada. b) Garantizar la independencia efectiva de los jueces respecto de los poderes políticos y de otros grupos de presión o interés y llevar a cabo una reforma profunda de los procedimientos judiciales. c) Impulsar y profundizar la educación cívica y democrática en todos los niveles de la educación. No puede olvidarse al gran jurista austríaco Hans Kelsen cuando sostuvo que la primera obligación de la democracia era la educación para la misma. Esto importa para la revisión de los planes de estudio en los distintos niveles, tanto del Ministerio de Educación de la Nación como de las Provincias y Municipios. d) Crear una Comisión en cada Cámara del Congreso, así como en las Legislaturas provinciales y Concejos Deliberantes, para dar adecuado seguimiento y control al cumplimiento de las leyes y ordenanzas sancionadas. e) Asegurar la instrumentación efectiva del derecho de acceso a la información para lograr no solo un gobierno más transparente sino también una sociedad más participativa e informada. f) Avanzar en la reforma política, en los aspectos relativos al sistema electoral, a la democratización, modernización y fortalecimiento de los partidos políticos, con especial detenimiento en la financiación de la política. Impulsar, asimismo, la formación y capacitación de la dirigencia de los partidos políticos, con estudios interdisciplinarios, entre los que se destaque la ciencia política, el derecho constitucional, el derecho público provincial, el derecho municipal y el derecho administrativo, además de la historia argentina y la historia constitucional. En este sentido se debería dar estricto cumplimiento al artículo 38 de la Constitución Nacional que ha previsto la asignación de fondos a los partidos políticos con esta finalidad. g) Fortalecer la plena vigencia de la libertad de prensa y de expresión. Lograr el apoyo de los medios de comunicación, públicos y privados, para que estos lleven a cabo una campaña pedagógica destacando la importancia de la Constitución, las leyes y las instituciones. h) Crear un Centro de la Constitución Nacional, para la conservación, difusión y estudio de nuestra Ley Suprema, en la histórica ciudad de Santa Fe, que fuera sede de nuestro primer Congreso Constituyente. Un notable ejemplo en la materia es el Centro de la Constitución de los Estados Unidos, inaugurado hace poco tiempo en la ciudad de Filadelfia. i) Exigir conocimientos de la Constitución en los exámenes para empleos y cargos públicos que se concursen, así como también para el otorgamiento de la ciudadanía argentina. j) Modificar los planes de estudio de las Facultades de Derecho para incluir la enseñanza del Derecho Público Provincial y del Derecho Municipal, ya que es esencial profundizar el conocimiento correspondiente a las Constituciones Provinciales y a las Cartas Orgánicas Municipales.

Enrique Marchiaro

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