Diputados aprobó el proyecto Servicios de (in)Comunicación Audiovisual
Tiene media sanción el proyecto oficial Servicios de Comunicación Audiovisual que reemplaza el decreto-ley 22.285 del gobierno militar de 1980. Pero a decir verdad ha generado más polémicas y sospechas porque en apariencia con vientos de libertad de expresión, pluralismo y concentración en realidad persigue limitación de contenidos, concentración en manos amigas al poder kirchnerista y no respeta las reglas de juego. Néstor Kirchner tuvo la impronta de una especie de combate militar con todas sus reglas, incluida una ofensiva constante, insomne y simultánea. Ese proyecto de ley toca garantías tan esenciales como la de la libertad de expresión, el derecho a la propiedad y los derechos adquiridos. En el plenario de las comisiones los diputados de la oposición comenzaron a sesionar sin una copia del proyecto definitivo con sus innumerables modificaciones. Los diputados oficialistas terminaron aprobando la iniciativa a mano alzada. Menos de 12 horas después una sesión especial de la Cámara Baja estaba tratando el proyecto, que contó los aliados entre ellos los socialistas de Binner. ¿Qué tiempo tuvieron los diputados que no integran las comisiones en las que se discutió este proyecto, que son casi el 90% de la Cámara, de leer y evaluar el proyecto?¿Cómo se podría confiar en la buena fe de los promotores de la eventual ley si todo se pareció más a un arrebato nocturno que a una decisión del Estado argentino? ¿Por qué no aceptaron tiempos mínimos de reflexión parlamentaria, aunque más no fuera para conservar las apariencias?, pregunta el colega Joaquín Morales Solá en su columna en diario La Nación. El otro elemento que tendrán los gobernantes, si se sancionara definitivamente esta ley, es la revisión cada dos años del ordenamiento legal que regirá el mundo de la radio y la televisión. Con semejantes recursos, la libertad de expresión en los medios audiovisuales se transformará en un derecho de los que mandan en el Estado. Y la libertad de expresión es un derecho que protege sobre todo a los críticos del poder más que al poder. El proyecto aprobado en Diputados terminará por enviar al destierro al periodismo audiovisual y dejará a la sociedad a merced de los gustos del oficialismo. Es, en materia de libertad de expresión, la regresión más importante de la Argentina desde la restauración democrática. Fija límites muy estrechos a la posibilidad de acumular radios AM, FM y cables, y obliga a los dueños a desprenderse de las empresas excedentes en el breve plazo de un año. Tampoco una empresa podrá sumar un canal de aire y un cable. Los medios no podrán invocar derechos adquiridos por sus inversiones. La Autoridad de Aplicación tendrá 7 miembros en lugar de 5, como preveía el texto original. Pero estará dominada por el Poder Ejecutivo; nombrará a dos de los directores e influirá en los restantes. Un país chico y sin inversiones, aislado del mundo y del progreso, con periodistas silenciados y empresarios asustados es el que se bosquejó en la Cámara de Diputados. ¿El kirchnerismo propicia la libertad de expresión amparada en la Constitución Nacional a través de sus pactos internacionales incorporados en la reforma de 1994 en Santa Fe?