Cuidar las inversiones y las formas

Por Joaquín Morales Solá

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Kirchner tenía un plan y la empresa francesa Suez se lo complicó. Pensaba viajar a Nueva York, donde está ahora, para promocionar el país ante los inversores extranjeros. Eso era antes de que la compañía francesa hiciera pública su decisión de abandonar definitivamente el país. Por eso, el Gobierno ha elegido una sutil estrategia de reconciliación con la empresa, que se despliega, paralelamente, en Nueva York y en Buenos Aires. Funcionarios argentinos reconocieron que la repercusión internacional del caso Aguas Argentinas fue muy mala. ¿Cómo seducir a los inversores después de que uno de los principales inversores de la década pasada explicara públicamente que ya no tiene argumentos para ilusionarse con el país de Kirchner? Una complicación mayor sucedió cuando los franceses fueron seguidos, en el acto, por los españoles de Aguas de Barcelona. Voceros oficiales han repetido que Aguas de Barcelona es, en parte, propiedad del mismo grupo Suez. Tienen razón, aunque también es socia importante de esa firma la poderosa La Caixa de Barcelona. La Caixa tiene acciones en muchas de las empresas de servicios públicos españoles y enhebró una excelente relación política con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El problema no radicó nunca en que los franceses empujaran a los españoles hacia la ruptura. Eran los españoles, al menos los de Aguas de Barcelona, los que estaban más críticos que los franceses (o, para ser precisos, más impacientes) con el gobierno argentino por sus interminables negociaciones para regularizar el contrato por el suministro de agua. En rigor, Aguas de Barcelona, con inversiones en varios países de América latina, tomó en los últimos tiempos la decisión de abandonar la región, con la excepción de Chile. Sus directivos han sido permeables a las corrientes intelectuales y económicas europeas que hablan de una América latina que estaría abandonando los parámetros racionales de progreso para instalarse en un proceso de “africanización” irremediable. El diagnóstico abarca desde México hasta la Argentina, otra vez con la excepción de Chile. Directivos españoles de Aguas de Barcelona fueron renuentes en tiempos recientes a tomar contacto con las autoridades argentinas: “No queremos ser sometidos a más retos”, dijo uno de ellos. La preocupación manifestada en las últimas horas por el ministro de Economía, Roberto Lavagna, sobre la necesidad de captar a los inversores extranjeros, encuentra argumentos en la necesidad objetiva del país, pero también en la inquietud que provocó la noticia producida por Suez, que, en efecto, tuvo amplia repercusión nacional e internacional. Voceros inmejorables del grupo Suez aseguraron que la empresa conservó hasta el final la decisión de quedarse en la Argentina. Aquí tiene la mayor inversión que ha hecho en el exterior. Kirchner reconoció límites políticos para firmar un acuerdo que incluyera un aumento de tarifas en vísperas electorales. La concesión de Aguas Argentinas cubre, justo, la geografía electoral más sensible para el Presidente: la Capital y el conurbano bonaerense.

Fórmula insólita

El ministro Julio De Vido había llegado a un acuerdo que incluía las tarifas. El Gobierno ofreció la fórmula insólita de que esos párrafos figuraran en blanco si el acuerdo se conocía antes de las elecciones. ¿No habría sido más efectiva una reunión de Kirchner con los directivos de la empresa para garantizarles que el acuerdo se firmaría dentro de poco más de un mes, después de los comicios? Es probable que la empresa hubiera aceptado la propuesta. La respuesta fue, sin embargo, aquellos párrafos en blanco y la negativa tajante del Presidente a firmar un acuerdo de esa naturaleza antes de las elecciones. Las formas, otra vez. Kirchner, con su proyecto complicado en Nueva York, y Lavagna, con su preocupación en Buenos Aires, tienen razón. La inversión en la Argentina ronda -según los datos más confiables- el 19 por ciento del PBI, lo que no es un mal resultado, aunque está en discusión la calidad de su composición. Pero la inversión en Chile es del 28 por ciento del PBI, casi el 10 por ciento más que aquí. La Argentina sigue siendo, entre los grandes países de América latina, el que menos inversión extranjera directa recibió en los últimos años. Sin embargo, la oportunidad existe para la Argentina. Brasil sobrelleva una crisis política de consecuencias inciertas y Chile tiene un solo problema de imposible resolución: la pequeña dimensión de su mercado interno. Dicen inversores extranjeros que la Argentina debería ser el mejor destino de sus apuestas, pero resulta, por ahora, el peor. Ninguna inversión llega a golpe de fusta y esa premisa tiene valor aun para los capitales que ya están radicados en el país. Ni siquiera el insistente discurso de Cristina Kirchner inspirado en el economista Joseph Stiglitz, convertido en una especie de santón del oficialismo argentino, contribuye a atraer a las inversiones. Stiglitz no es bien mirado por los grandes inversores internacionales ni por el establishment político de Washington. Estuvo cerca de Bill Clinton sólo hasta que Stiglitz comenzó a despotricar contra el Fondo Monetario Internacional: “No se escupe al cielo”, explicó un hombre que colaboró hasta el final con el ex presidente norteamericano. El propio Kirchner se sumó ayer a las diatribas de su esposa contra el Fondo. El Fondo se ha equivocado y es necesario un replanteo de sus políticas, pero no se logrará eso tirándoles piedras a los cristales de su ortodoxia. Además, ¿para qué le pidieron al gobierno de Washington la intermediación ante el Fondo si después lo maltratan a éste en público? Los gobernantes argentinos no le dedicaron ni una palabra, hasta ahora, a las administraciones argentinas, sobre todo a la de Menem, que aceptaron todo a cambio de un sobreendeudamiento insoportable con el organismo. Alberto Fernández y De Vido han enviado más de un mensaje público de reconciliación a la empresa Suez. “Estoy dispuesto a sentarme con la empresa cuando me lo pida”, aseguró ayer el jefe de Gabinete.

Pero una empresa de esa envergadura necesita algo más que mensajes de buena voluntad para dar marcha atrás en un anuncio oficial y público hecho desde su sede central, en París. Tampoco el Gobierno tiene muchas alternativas. José Luis Lingeri, líder del sindicato de trabajadores del agua, ha declarado que su gremio no aspira a hacerse cargo del servicio y que cree que éste debe estar en manos privadas. Dijo que deben modificarse las tarifas para hacer posibles las inversiones que se necesitan y que el Estado debe formar parte de esa marea inversora. Una decisión sin consultas internas, casi destemplada, terminó por poner al Gobierno dentro de una ratonera. La figura sirve tanto para su proyecto esencial, las inversiones extranjeras, como para su necesidad objetiva y perentoria: el suministro de agua potable a diez millones de argentinos, que es el servicio que prestan franceses y españoles. Las cosas serían más fáciles, tal vez, si el Gobierno llegara a una simple comprobación: habrá vida en la Argentina después de las elecciones.

Joaquín Morales Solá

Fuente: diario La Nación, Buenos Aires, 15 de setiembre de 2005.

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