Cuestionan el uso de fondos públicos con fines electorales

Cristina Kirchner, en campaña: emplea funcionarios, aviones y autos oficiales. Cuatro juristas consideran que el Gobierno podría incurrir en el delito de malversación.

Por Mariana Verón

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Cuando faltan 35 días para las elecciones presidenciales, la Casa Rosada se convirtió en un comando de campaña, en el que no es inusual que se utilicen bienes y fondos del Estado para apoyar la actividad proselitista de su candidata, la senadora Cristina Kirchner. Se han empleado funcionarios, viáticos, aviones y automóviles oficiales con ese fin.

Cuatro juristas consultados por La Nacion coincidieron en que el uso de recursos públicos para cualquier proyecto electoral configura el delito de malversación de fondos públicos. Así lo expresaron Daniel Sabsay, Gregorio Badeni, Delia Ferreira Rubio y Christian Gruenberg, que calificaron esa situación “de extrema gravedad”.

Desde que tomó la decisión de ser candidata, Cristina Kirchner visitó nueve países en un plan de “instalación internacional” e hizo incursiones cotidianas en el interior y en el conurbano bonaerense, acompañada por fotógrafos oficiales, personal de ceremonial, traductores y voceros, entre otros funcionarios.

Como ejemplo: la primera dama viajó a Francia en febrero último con 20 personas; se alojaron en el hotel Le Meurice de París, de cinco estrellas, cuya tarifa por habitación oscila entre 835 y 2200 dólares, según informó la prensa. Luego, con gastos similares, viajó a Ecuador, Venezuela, México (en dos oportunidades), Estados Unidos, España, Alemania, Austria, y ayer partió a Nueva York, junto con el presidente Kirchner.

La ley de financiamiento de las campañas electorales no aborda en forma directa este conflicto. Pero los juristas hablaron de malversación de fondos y de violaciones al Código Penal, tal como se informa por separado.

“Imposible disociar”

El Gobierno niega que haya un uso indebido. “Cristina es la mujer del Presidente y es imposible disociar su rol de candidata, primera dama y senadora. El uso de los vehículos oficiales tiene que ver con la seguridad de la familia presidencial”, dijo a LA NACION el jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

Pero un dato llamativo es, por ejemplo, que la Fundación Poder Ciudadano solicitó formalmente al Gobierno el 9 de febrero último el detalle de los gastos del viaje a Francia. Pero la Casa Rosada nunca brindó la información, por lo cual la ONG apeló a la Oficina Anticorrupción. El pedido se fundamentaba en el decreto 1172/03, de acceso a la información, que no se cumplió.

Un caso para comparar es el de los Estados Unidos. El vicepresidente Al Gore tuvo que pagar llamadas telefónicas hechas desde la Casa Blanca para su campaña presidencial en 2000. Si un presidente norteamericano usa el avión presidencial para la campaña su partido político debe pagar el precio de mercado de los pasajes.

Nada de ello ocurre aquí. Desde que oficializó su candidatura, en todas esas apariciones públicas, Cristina Kirchner habla de la necesidad de “profundizar el cambio”, en referencia a un futuro gobierno de ella.

Pero la organización de todos los actos de la candidata tiene su centro de operaciones en la Secretaría de Medios. El lunes último, la senadora viajó a Río Grande, Tierra del Fuego, a un acto en el que reiteró su discurso de “cambio”, pero al que llegó a bordo del avión Tango 10, sin el Presidente. Se trata de un Lear Jet que gasta 4000 dólares por hora en combustible. Venían en vuelo seis funcionarios.

También arribó allí el Tango 03, en el que viajaron otras ocho personas.

Para el jefe de Gabinete, no fue una actividad de campaña. “Sólo dio un discurso. Fuimos a Tierra del Fuego porque la gobernadora electa [Fabiana Ríos] había pedido una audiencia”, dijo Alberto Fernández a LA NACION.

En su viaje a Francia, Cristina Kirchner viajó en un vuelo de Air France de primera clase. Para ir a Ecuador y Venezuela, en cambio, se trasladó en avión Gulf Stream 5, propiedad del empresario Eduardo Eurnekian, presidente de la empresa Aeropuertos Argentina 2000, concesionaria de todos los aeropuertos del país.

A los actos de campaña de la senadora se movilizan el vocero presidencial, Miguel Núñez, y uno o dos de sus colaboradores, Diego Buranello o Laura Latorre, un jefe de ceremonial y personal a su cargo, un secretario de la primera dama, Isidro Bounine, un camarógrafo y un operador de la productora televisiva La Corte, contratada por el Estado para filmar todos los actos de Gobierno.

También la asisten uno o dos fotógrafos de la Presidencia y al menos cinco personas del área de Medios, que dirige Enrique Albistur.

En los viajes al exterior, se suman un intérprete oficial y los taquígrafos de la Casa Rosada se encargan de transcribir las palabras de la senadora. En la gira a Alemania y Austria, por ejemplo, viajaron por lo menos seis funcionarios de Protocolo de la Casa Rosada y de la Cancillería, el traductor oficial, Núñez y una de sus secretarias, dos fotógrafos del Presidente y un productor y un camarógrafo de La Corte. ¿En calidad de qué fue Cristina Kirchner a ese viaje? “De candidata, de senadora y de primera dama”, respondió Alberto Fernández.

Si lo hizo como senadora en representación del Gobierno, debería haber pedido autorización a la Cámara alta. El artículo 72 de la Constitución Nacional establece que “ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo o comisión del Poder Ejecutivo sin previo consentimiento de la Cámara respectiva”. Pero según corroboró LA NACION, esa solicitud no existió.

Si lo hizo como candidata, ¿por qué se movilizó la comitiva del Gobierno? Ese viaje, además, contó con un condimento por demás polémico. La empresa Volkswagen puso a disposición de Cristina Kirchner un jet privado que la trasladó desde Wolfsburgo a Berlín y a Viena y la alojó en el hotel cinco estrellas del Autostadt, dentro del complejo industrial de la empresa. La ley de ética pública establece que “los funcionarios públicos no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes”.

Cuestionamiento

Los juristas y expertos consultados por LA NACION coincidieron en que ello podría tratarse de una “donación encubierta” para la campaña, algo que también está prohibido. Además de alertar con “gravedad” del uso de recursos materiales y humanos del Estado, apuntaron la actitud proselitista del Presidente, que a cada acto oficial que concurre lleva a su esposa y pide al público que la voten.

Según pudo comprobar LA NACION, el trabajo de campaña comienza entre Cristina Kirchner y el vocero presidencial, que deciden a qué actos van. Luego lo comunican al personal de Ceremonial y de allí baja la orden a un grupo de alrededor de diez personas de la Secretaría de Medios, que ponen el plan en práctica: convocan a los periodistas, hacen el contacto con el lugar al que asistirá la primera dama, avisan al equipo de filmación y algunos de ellos acompañan a la candidata en la presentación.

El trabajo no termina ahí. Desde la Presidencia se transmiten las imágenes a los canales de televisión. LA NACION accedió a un correo electrónico de la vocería en el que se ofrecía la transmisión gratuita al interior del país del acto de lanzamiento de la candidatura de Cristina Kirchner en La Plata, el 19 de julio último.

Mariana Verón

El 20 de marzo, antes de que fuera proclamada candidata presidencial, Cristina Kirchner viajó a Ecuador y a Venezuela. A Quito llegó en un avión Gulf Stream 5, perteneciente a Eduardo Eurnekian, presidente de la empresa concesionaria de los aeropuertos (algo reñido con la ley). Con ella viajaron dos ministros, Jorge Taiana y Julio De Vido; el vocero presidencial, Miguel Núñez, y otros diez funcionarios de prensa y de ceremonial.

Fuente: diario La Nación, Buenos Aires, 23 de setiembre de 2007.

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