La decisión de la presidenta Cristina Kirchner de remover a Martín Redrado del Banco Central es un nuevo ejemplo del estilo autocrático de quien está al frente del Poder Ejecutivo. Para la Casa Rosada no hay autonomía del Banco Central que valga. O se coincide con el pensamiento oficial y se lo acata o se es enemigo. Y según esta particular lógica, todo aquel que piense distinto debe ser defenestrado de su puesto, aunque se encuentre en un órgano que no esté sujeto a las órdenes del Poder Ejecutivo. Adoptada mediante un decreto de necesidad y urgencia, sin la previa consulta al Congreso que exige la legislación vigente, la medida resulta más que cuestionable y trae a la memoria el caso del procurador general del Tribunal Superior de Santa Cruz, Eduardo Sosa, expulsado inconstitucionalmente en 1995 de su cargo por voluntad del entonces gobernador provincial, Néstor Kirchner. Sosa apeló a la Justicia y seis sentencias de la Corte Suprema de Justicia le dieron la razón y obligaron a su restitución en el cargo, algo que hasta ahora increíblemente no se ha cumplido. La situación de Redrado podría derivar en un conflicto similar. Lamentablemente, los tiempos de la Justicia suelen ser lentos. El gobierno de Cristina Kirchner lo sabe, por lo que con frecuencia recurre a la estrategia de los hechos consumados. Sin que hubiera imperiosidad alguna, dictó un decreto de necesidad y urgencia para crear el Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad. Lo firmó cuatro días después de la finalización del período ordinario de sesiones del Congreso y nunca convocó al Poder Legislativo a sesiones extraordinarias. Ahora, ha recurrido a otro decreto de necesidad y urgencia con el fin de desplazar al titular del Banco Central, esgrimiendo que el Congreso se encuentra en pleno receso estival. El apresuramiento con el que el Poder Ejecutivo dispuso ambos decretos sólo se explica por su afán de gobernar al margen de los límites constitucionales, como cuando se emitió la polémica resolución 125 contra el campo o como cuando se forzó el alejamiento de figuras independientes del oficialismo que se hallaban a cargo de organismos de control, tales como la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, o entes autárquicos como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Pero más allá del natural desprecio por las instituciones y de la tendencia autoritaria que caracteriza al gobierno kirchnerista, el apresuramiento por poner en marcha el rimbombante Fondo del Bicentenario obedece a otra circunstancia. Concretamente, a las dificultades financieras para sostener el creciente aumento del gasto público. Originalmente, se planteó la creación de ese fondo como una forma de garantizar los pagos a los tenedores de bonos del Estado nacional, con el fin de atraer más adherentes al proyectado canje de deuda en default. Con el correr de los días, sin embargo, los propios funcionarios y dirigentes del oficialismo se encargaron de develar la verdadera finalidad de ese manotazo a las reservas del Banco Central. Se trataba directamente de pagar parte de la deuda con 6569 millones de dólares de la entidad monetaria, con el fin de liberar una partida similar prevista en el presupuesto nacional de 2010 para otros menesteres. En síntesis, lo que se pretendía mostrar como una medida tendiente a desatar un shock de confianza termina convirtiéndose en una burla al presupuesto aprobado por el Congreso y en otro golpe contra las instituciones de la República. Sólo cabe desear que, frente a esta secuencia de atropellos institucionales basados en la lógica de los hechos consumados del Poder Ejecutivo, los congresistas y los jueces reaccionen como se espera de ellos en un sistema republicano. De quienes gobiernan desde Olivos, no cabe aguardar demasiado: sólo que sus actos no sigan empeorando aún más una situación institucional patética y una economía que ofrecía hasta hace poco alguna esperanza de recuperación.
Fuente: editorial del diario La Nación, Buenos Aires, 8 de enero de 2010.