Compra directa: vuelven a tratar el proyecto con las modificaciones

Por Emilio Grande (h.).- En la reunión de comisiones de esta mañana, el Concejo Municipal dio despacho a los tres proyectos presentados el jueves pasado, como lo adelantara en esta web.

Por otro lado, este martes continuará con la reunión de comisiones en el que tratarán el proyecto con las modificaciones de la ordenanza 3090 de compra directa en el artículo 48, que propuso el Ejecutivo, y ya fuera analizado la semana pasada con las explicaciones técnicas de Noelia Chiappero, directora de Compras del Municipio.

Ante la consulta de un cronista de este diario, el concejal Leonardo Viotti precisó que “nuestra propuesta es permitir algunas excepciones, entendiendo que la situación económica nacional y las consecuentes complejidades para comprar algunos productos que debe enfrentar el Municipio, pero sólo por un tiempo determinado, que en principio serían 6 meses, para luego volver a discutirlo y a analizar la situación en ese momento”.

Y aclaró: “El PJ quedó en analizar la propuesta y mañana nos darían su respuesta. La comisión quedó abierta para poder cerrar este tema esta semana en lo posible”.

Al respecto, la edil Brenda Vimo aclaró que “hoy le reclamamos la contrapropuesta y la oposición planteó que la misma no es como la habían planteado, permitiendo la compra de lo necesario con un tiempo determinado sino que iban a dejar la propuesta del Ejecutivo, pero solamente eliminan el ítem de seguridad. O sea, autorizarán las excepciones de compra directa en todo menos el ítem i), que tienen que ver con las necesidades por seguridad. La respuesta estará mañana; seguramente, me reuniré temprano con la gente de Compras y evaluaremos si vale la pena agotar o no estas modificaciones, dejando semejante tema afuera”.

Los tres proyectos

• Proyecto de resolución sobre solicitud de un espacio para gestiones de la IGPJ (Lisandro Mársico): se solicita al Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, proceda a habilitar un espacio que lleve a cabo gestiones ante la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), relacionadas a la autorización, fiscalización, funcionamiento, aprobación de estatutos, reformas, determinación de disolución y liquidación de entidades, como ser, sociedades, asociaciones civiles y fundaciones.

En los considerandos, la IGPJ es un organismo provincial que tiene a su cargo el registro de las sociedades por acciones, asociaciones civiles y fundaciones de la provincia. Entre sus facultades se encuentran las de otorgar la personería jurídica a las entidades civiles que lo soliciten y ejercer tareas de fiscalización. Las principales funciones de este organismo son autorizar y fiscalizar el funcionamiento, aprobar estatutos, reformas y determinar la disolución y liquidación de las entidades, entre otras. 

Con fines de descentralización, los ciudadanos podían gestionar los trámites, citados precedentemente, desde los Centros Cívicos sin necesidad de trasladarse a Santa Fe, garantizando una aproximación con los municipios y las comunas. En el caso de Rafaela y la región, las asociaciones civiles, fundaciones y sociedades podían  realizar gestiones relacionadas a la Inspección General de Personería Jurídica en la sede del Centro Cívico de la Región 2 Nodo Rafaela, hasta el 10 de diciembre del año 2019, en que cesó en sus funciones.

También en Rafaela se procedía a asesorar a las entidades que contaban con pocos recursos y que no poseían profesionales que las pudieran orientar; desde el Nodo se los acompañaba en el procedimiento que debían llevar a cabo hasta obtener la personería jurídica.

Profesionales, directivos de asociaciones, sociedades y fundaciones, de nuestra localidad, de las comunas y municipios vecinos, reclaman en diferentes instancias poder contar nuevamente con los servicios que se prestaban en Rafaela, por lo que dotar a la ciudad y la región de un espacio que cumpla que con las funciones citadas sería de suma importancia y facilitaría los trámites que se llevan a cabo actualmente en la capital provincial con exclusividad.

• Proyecto de minuta de comunicación sobre modificar el artículo 1º de la ordenanza 4.506 referente a un escenario móvil (Valeria Soltermam): autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a ceder el uso y goce del escenario móvil montado sobre acoplado semirremolque de propiedad municipal, dominio RKS 870, a gobiernos municipales y comunales del departamento Castellanos, así como también instituciones de bien público y actores privados de la ciudad de Rafaela. Serán exceptuados de la presente ordenanza los partidos políticos.

Con lo recaudado en concepto de canon en el artículo 2° de la presente ordenanza, se crea un fondo solidario y rotativo con el objetivo de colaborar en el desarrollo artístico de músicos y bandas locales, cuyo movimiento será informado al Concejo Municipal mensualmente por la Secretaría de Cultura o quien la remplace.

• Proyecto de minuta de comunicación sobre fortalecer conocimientos a conductores de minibuses referente a la discapacidad (Lisandro Mársico): este cuerpo solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que, a través de las áreas, que corresponda proceda a fortalecer los conocimientos en los conductores de minibuses sobre la legislación existente en los diferentes niveles de Estado, referente al transporte de las personas con discapacidad y sus acompañantes.

En los fundamentos, el artículo 22 de la ley 22.431, modificado por las leyes 24.314 y 25.635 establecen que las empresas de transporte colectivo terrestre, que se encuentren sometidas al control de la Autoridad Nacional, están obligadas a trasladar gratuitamente a los miembros de este colectivo, y a su acompañante en caso de ser necesario documentadamente a través del CUD (Certificado Único de Discapacidad), cuyo objeto es actuar como «apoyo» de la persona con discapacidad con el fin de facilitarle la utilización de las redes de transporte público, favoreciendo con ello, su mayor autonomía e independencia.

La reciente resolución dictada por la Agencia Nacional de Discapacidad 512/2018 dispone que será la persona con discapacidad la que decida si desea o no hacer uso del denominado «apoyo» (el acompañante) respetándose de ese modo, su autodeterminación. Para ello deberá figurar en el correspondiente certificado único de discapacidad la leyenda: «en los casos que se indique sí, el titular del CUD podrá optar entre viajar solo o acompañado». Esta nueva normativa comenzó a regir a partir del 1 de enero del 2019.

A los fines de evitar algún tipo de malentendido, resultaría positivo que la Secretaría de Ambiente y Movilidad Urbana municipal refuerce los conocimientos sobre la normativa vigente en los conductores de los minibuses, quienes asiduamente transportan personas con discapacidad y a sus acompañantes, teniendo en cuenta las modificaciones que esta legislación ha tenido en los últimos años.