¿Cómo resolver el dilema del control externo municipal?

Por Natalia Aquilino.- La supervisión del gobierno y la administración del Estado adquieren formas diferentes según la distribución del poder que hayan diseñado los sistemas políticos. En la Argentina, el Poder Ejecutivo cuenta con instituciones de supervisión y vigilancia internas, por lo general poco eficaces. El Poder Legislativo por su parte, tiene funciones de supervisión y control externo asignadas, y tampoco logra ejercerlas con tanta eficacia como quisiéramos. También existe de manera menos institucionalizada, el control ciudadano de los actos públicos. A nivel municipal, el control interno se ejerce a través de las Unidades de Auditoría Interna del Poder Ejecutivo como en todos los organismos estatales. Sin embargo, el modelo de control externo (generalmente supervisado por el Poder Legislativo) adquiere distintas formas institucionales. Puede adoptar la forma de un Tribunal de Cuentas (Rosario) o una Auditoría General (Buenos Aires). En general, el modelo de Cortes o Tribunal de Cuentas tiene la capacidad de juzgar y sancionar las cuentas y las conductas administrativas mientras que el modelo de Contraloría o Auditoría General se enfoca en el control de los actos de gobierno. Pero no todo es una cuestión de diseño institucional. Los valores con los cuales se ejerce la supervisión también importan. Puede haber más foco en el control presupuestario, en la auditoría de la ejecución, en las sanciones o en la evaluación de los resultados. Puede haber laxitud o rectitud en la interpretación de las normas. En esto también influyen tradiciones y decisiones. Pero lo que hace efectiva a la supervisión es la creencia que los actores tenemos o no en que esa supervisión y control a) tiene lugar por los motivos correctos (es “bueno”), b) sirven, son efectivas, y c) producen consecuencias. Si esto no sucede cotidianamente, las instituciones y los mecanismos no funcionan. Pero, ¿qué pasaría si logramos complementar un diseño enfocado en el control administrativo contable (como los tribunales de cuenta y las auditorías) con instituciones y mecanismos que miren la evidencia y los resultados de la acción del gobierno desde un punto de vista substantivo? Necesitamos instituciones que logren capturar el impacto de la política y la gestión del gobierno en la vida de las personas. Instituciones que no sirvan sólo para inquirir, preguntando y respondiendo contra las normas, sino para identificar quiénes ganan y quiénes pierden con la acción del gobierno y la administración de lo público. Instituciones que sirvan para saber cómo las personas reales se benefician o perjudican, que pongan en blanco sobre negro aquello que implica hacer trampa. Un modelo moderno para ejercer el control externo de los actos de gobierno a nivel municipal debería garantizar la publicidad de los actos gubernamentales, la transparencia de la gestión pública, la evidencia de los resultados de gobierno, un marco normativo con mecanismos de responsabilización y sanción, la independencia de las instituciones responsables y la participación social en el control externo (más allá de las elecciones). Ese modelo innovador podría combinar la creación de una entidad fiscalizadora superior con una entidad evaluadora. La primera tendría la responsabilidad de fiscalizar el desempeño administrativo del gobierno y las cuentas públicas mientras que la segunda sería responsable por la evaluación de los resultados sustantivos de la gestión gubernamental. Ambas deberían incluir en sus propios gobiernos representantes de las instituciones sociales para aumentar la participación ciudadana. Una entidad fiscalizadora del tipo Auditoría tiene la ventaja de reforzar el rol del Concejo Municipal en el control externo. Cuando a esa entidad se le asigna además funciones jurisdiccionales puede juzgar y hacer efectiva la denominada responsabilidad contable. Una entidad evaluadora del tipo Agencia tiene la ventaja de reforzar la participación ciudadana en el control. Puede tener una dependencia relativa del Ejecutivo municipal y construirse a partir de la capacidad estadística existente en el ICEDel sumando un análisis de largo plazo que abone las decisiones más estratégicas de la ciudad. El rol de actores académicos y sociales en una institución de este tipo es clave. El debate por el control externo del Estado es tan profundo como indispensable. A medida que las ciudades crecen y se complejizan se hace más necesario sofisticar la gestión de la información que circula por el momento político y los mecanismos que la producen. Podríamos empezar por poner en internet los proyectos de ordenanzas municipales que elaboraron los concejales con propuesta de enfoque de cortes y de contraloría como dijimos más arriba ya que son de acceso público. Una ciudadanía más informada es una ciudadanía más empoderada para ejercer el control externo del que también es responsable.

Agosto de 2016.

La autora es rafaelina y directora de CIPPEC.

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