Mientras la economía está creciendo al 9% y en un año 2.400.000 personas dejaron la pobreza en el país, sin embargo hay todavía 10.770.000 argentinos en esta condición de los cuales 3.840.000 viven en la indigencia, según la información difundida por el INDEC. ¿Quién puede negar que la situación actual de la Argentina no es la misma que en la crisis económica y social de 2001-2002? Desde el 2003 hasta el presente fue sostenido el crecimiento de la economía. El problema estructural a resolver por este Gobierno y que viene de hace años es la mala distribución de las riquezas en un país que puede alimentar a cuatro naciones juntas por sus riquezas naturales. Para no estar en la condición de pobre hay que ganar 860 pesos mensuales y el que está debajo de esa línea significa que los ingresos no son suficientes siquiera para cubrir las necesidades de alimentación más básicas. En porcentajes, el 31,4% de la población vive bajo la línea de la pobreza y un 11,2% es indigente. La situación social presenta diferencias significativas según las regiones del país. En el nordeste los pobres son el 51,2% de los habitantes con epicentros en Resistencia y Corrientes. Luego le sigue el noroeste en la que son pobres 30 de cada 100 personas y casi nueve de cada 100 no pueden procurarse la alimentación. Más atrás vienen los partidos del gran Buenos Aires, la región pampeana y la Patagonia. En Rafaela también la desocupación sigue bajando lentamente y actualmente es del 8,9%, es decir unas 3.800 personas sin trabajo, pero si se agregan los beneficiarios de los planes sociales la cifra alcanza a casi 4.400 personas, según el relevamiento socioeconómico 2006 a cargo del Icedel. Para Nadin Argañaraz, economista de la Fundación Mediterránea, “es clave la incidencia del crecimiento y la clave es generar puestos de trabajo con ingresos por encima de lo que se necesita en el hogar para no ser pobre”. Más allá de estos alentadores indicadores macroeconómicos, hay varias materias pendientes en la Argentina: la gente que cobra en “negro” en la actividad privada y especialmente en el Estado nacional, provincial y municipal, que es el que debiera dar el ejemplo a las empresas privadas. También los haberes de hambre de los jubilados y pensionados, estimándose que 2.241.000 perciben el haber mínimo de 470 pesos y 700.000 personas entre 470 y 1.000 pesos, cuando hicieron sus aportes correspondientes. Por este motivo, la Corte ordenó otorgar movilidad a las jubilaciones y el Congreso debe fijar el criterio del aumento. Los desocupados e indigentes son personas de carne y hueso con las necesidades básicas insatisfechas. De todos depende buscar soluciones, especialmente de los que tienen mayor responsabilidad política y empresarial.
Emilio Grande (h.)