ADEPA: informe de la Comisión de Libertad de Prensa e Información

Como sucede desde la restauración democrática de 1983, merced a la custodia de la sociedad y fundamentada en la Constitución, la libertad de prensa está vigente en el país, pero subsisten condicionamientos derivados de quienes desde los poderes públicos insisten en desconocer su función institucional.

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A continuación, consignamos en forma textual las conclusiones del informe que brindó, durante la 45a. Asamblea anual de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la entidad, Carlos Gamond. ADEPA considera que, como sucede desde la restauración democrática de 1983, merced a la custodia de la sociedad y fundamentada en la Constitución, la libertad de prensa está vigente en el país. Sin embargo, subsisten condicionamientos derivados de quienes desde los poderes públicos insisten en desconocer su función institucional.

No podemos dejar de señalar que el contexto en el que se desarrolla el trabajo de la prensa -a nivel nacional, provincial y local- tampoco resulta ajeno al proceso de deterioro institucional y cultural que la sociedad argentina viene sufriendo desde hace largos años.

Como otras instituciones del país que enfrentan desafíos para resguardar el lugar que el orden republicano les otorga, la prensa ha seguido padeciendo dificultades y tensiones que en muchos casos exceden el normal desenvolvimiento del sistema de frenos y contrapesos de toda democracia.

No sólo ha subsistido la falta de un diálogo institucional maduro y transparente entre gobernantes y medios periodísticos. También se mantuvieron vigentes estilos de gestión cerrados sobre sí mismos, con dificultades para comprender que la información pública es un derecho de la ciudadanía, respecto del cual la prensa constituye un intermediario crítico y necesario. Esto hace imprescindible la pronta sanción de la demorada ley de acceso a la información pública en aquellas jurisdicciones judiciales que no lo hayan promulgado, así como el dictado de normas que sustituyan la Ley de Radiodifusión vigente desde hace muchos años y ajena a los principios republicanos.

Desde distintas jurisdicciones del Estado se reiteraron descalificaciones a periodistas por el mero ejercicio de su tarea de investigación, y hostigamientos a medios por su línea editorial. Al igual que el uso discrecional de recursos, utilizados no como herramienta racional de difusión de actos de gobierno, sino –en determinados casos- para castigar la discrepancia y premiar la afinidad.

Siguen pendientes, desde la crisis de 2001-2002, las respuestas oficiales a la situación de vulnerabilidad económica en la que se sumergió gran parte de la prensa nacional, sobre todo en el caso de las medianas y pequeñas publicaciones del interior del país. Los medios enfrentan hoy graves contingencias derivadas de los cambios macroeconómicos, impositivos y regulatorios que alteraron su ecuación financiera y que nunca fueron abordados, como en otros sectores de la vida nacional. Así mismo vemos con preocupación la tendencia creciente a resolver conflictos puntuales o sectoriales mediante prácticas de impacto general que, al bloquear la libre circulación de personas, bienes o ideas, violentan la convivencia y los principios constitucionales.

Valoramos como expresión positiva de uno de los poderes del Estado, la profundización del diálogo planteado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para generar una comunicación fluida con toda la sociedad a través de la prensa. Un claro ejemplo de republicanismo lo constituye el reciente pronunciamiento del alto tribunal (fallo Río Negro s/amparo) sobre los criterios de racionalidad y no discriminación que deben guiar la distribución de la publicidad oficial para no afectar la libertad de prensa.

La prensa argentina ha ejercido, en su inmensa mayoría, su papel de manera cabal, contribuyendo a la más amplia y correcta información de la ciudadanía. Debe destacarse su aporte al esclarecimiento de casos de indudable trascendencia social y a la puesta en agenda de temas de fuerte incidencia pública.

Así es que en nuestra condición de editores analizamos la gestión de gobierno, ponemos de relieve los actos sospechados de corrupción y señalamos los abusos de poder sin aceptar interferencias gubernamentales.

La libertad de prensa que ratificamos es la que se sustenta en la legalidad, en la equidad, en el ejercicio de la actividad periodística desde el vientre mismo de la democracia republicana, que nos supone asumiendo con responsabilidad el riesgo profesional y empresario. Además capacitándonos y alentando la formación profesional de nuestros colaboradores, incorporando tecnología, digitalizando nuestros productos y generando los recursos que nos hagan económicamente sustentables como garantía del cumplimiento de nuestra misión periodística.

Sabemos bien que las tensiones y conflictos entre el poder y la prensa no son un fenómeno exclusivo de nuestro país. ADEPA lo ha señalado así en mayo pasado cuando advirtió sobre los riesgos que se percibían para la tarea periodística en el ámbito continental.

Algunos gobiernos de la región adoptan la confrontación con la prensa como estrategia, usando tácticas diferentes como la ausencia de diálogo, la descalificación a medios o periodistas y, en situaciones más graves, la hostilidad abierta. Es quizás Venezuela el país donde se ha producido el avance más elocuente. Allí se retiró la licencia de la que RCTV era titular desde 1953, por difundir opiniones críticas sobre la actual gestión de gobierno. También es sombrío el panorama en Bolivia y Ecuador que parecen reproducir poco a poco la matriz autocrática de Cuba.

Desde nuestro lugar, y frente al nuevo período institucional que se abre de cara a un cuarto de siglo ininterrumpido de democracia, ADEPA alienta la esperanza de que se inicie una etapa de diálogo, con vistas a la reafirmación institucional del país.

Una etapa donde todas las instituciones, entre ellas la prensa, encuentren el ambiente propicio para su fortalecimiento al servicio de la República.

Mendoza, 28 de septiembre de 2007

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