La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresa su preocupación y disconformidad con la actuación de algunos integrantes del Ministerio Público que, en su afán por investigar presuntos hechos delictivos o debido a su inexperiencia en la función pública, no tienen reparos en soslayar ciertos principios jurídicos elementales y garantías básicas establecidos por la Constitución Nacional y los Tratados internacionales sobre derechos humanos. Esos desvíos pueden poner en riesgo la subsistencia de la prensa libre como presupuesto ineludible para el desarrollo de la convivencia democrática. Marcela Sánchez, fiscal interina a cargo de la Fiscalía de Instrucción Nº 38, requirió al director de la revista “Veintitrés” que informara si, en su redacción, fue elaborada una nota atribuyendo a José Luis Manzano y Daniel Vila la responsabilidad por activar una campaña de desprestigio contra Enrique Olivera durante las últimas elecciones. Asimismo, de existir esa nota, debía informar si fue o no publicada y por qué se adoptó alguna de esas decisiones. Los medios de prensa, como toda entidad respestuosa de las leyes, han demostrado estar siempre dispuestos a colaborar con las autoridades, pero dentro del marco regulatorio establecido por el ordenamiento jurídico propio de un Estado de Derecho. Pero esas autoridades, como en el caso de la fiscal Sánchez, no pueden ignorar que la decisión de publicar o no una información periodística es fruto de la política editorial de los medios de prensa que no puede ser objeto de interferencia alguna. Conforme a los derechos y garantías resultantes de los artículos 14, 18, 19, 32 y 43 de la Ley Fundamental, no cabe indagar la razón determinante de esa decisión, así como tampoco cuál es el contenido de la información no publicada, porque se estará desconociendo la tutela que la Constitución dispensa a los papeles privados, al secreto que abarca los factores determinantes de la línea editorial de un medio de prensa, y la intangibilidad de las fuentes y bancos de datos periodísticos. ADEPA aspira a que el Procurador General de la Nación, imparta a sus subordinados las instrucciones pertinentes para que ajusten fielmente su funcionamiento a las disposiciones legales y para que no se reiteren episodios lesivos para la prensa libre del país como el que motiva este requerimiento.
