La aplicación de la ley 27.610que permite la interrupción voluntaria del embarazo fue suspendida en la provincia del Chaco, por decisión de la jueza en lo civil Marta Aucar de Trotti
La decisión de la titular del juzgado N° 19 fue tomada tras una medida cautelar encabezada por Hilda Beatriz Dellamea, entre otros referentes de Fasta (Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino), quien señaló que el artículo 15 inciso 1 de la constitución chaqueña garantiza el derecho «a la vida y a la libertad, desde la concepción» y por lo tanto se contrapone con la ley nacional que permite el aborto.
Entendieron que la ley es inconstitucional e inaplicable en la provincia, por ser contraria a la Constitución de la Provincia del Chaco, así como de otras normas y tratados internacionales.
Según el fallo, los peticionantes destacan «que, desde la perspectiva de las competencias se encuentran facultades delegadas, no delegadas y concurrentes entre la Nación y las provincias y que, en particular la zona de competencias ‘concurrentes’, en donde regulan un mismo tema la Nación y las Provincias, ha de ser aplicable la ‘ley mas favorable’, siguiendo el criterio en darle mayor valor a los derechos de la persona humana».
La jueza hizo lugar a la suspensión de la aplicación de la ley de interrupción del embarazo en la provincia del Chaco, como medida cautelar hasta tanto resuelva el fondo del problema, que es analizar si esta norma nacional es violatoria de la Constitución provincial.
Quienes presentaron la demanda señalaron que corresponde al Gobierno del Chaco velar por garantizar a los habitantes el pleno ejercicio del Derecho a la vida desde la concepción previsto en el artículo 15 inciso 1 de la Constitución de la Provincia del Chaco.
La jueza entendió que cumplen los requisitos para admitir el dictado de una medida cautelar, tales como la verosimilitud del derecho invocado y el peligro (temor fundado) de que ese derecho se frustre, la contracautela por parte de los demandantes y la irreparabilidad del perjuicio si no se la dicta.
«A la luz del planteo invocado, prima facie, corresponde receptar el pedido invocado y con relación a la Ley 27160, ante la restante normativa mencionada y también plenamente vigente, a fin de evitar resultados contradictorios en su aplicación, con afectación a quienes van dirigidas las mismas, hasta tanto recaiga sentencia en el juicio principal de amparo», escribió la jueza.
Entendió que es necesario un análisis cuidadoso de la ley y las normas invocadas como contradictorias, ante un conflicto de normas e intereses que deban ser protegidos.
Puntualizó que se acreditó el peligro en la demora «pudiendo tornar tardía tal protección, ante la inmediata aplicación de la Ley 27.610».
«Cabe señalar que los argumentos invocados por los cautelantes, me convencen (…) sobre la procedencia de la medida peticionada, en relación al territorio de la Provincia del Chaco y, hasta tanto se resuelva la acción principal», afirmó.
Quienes firmaron el pedido de suspensión de la ley son Hilda Beatriz Dellamea, Cristina Araceli Chemes, Clelia Mirtha Avila, Fernando Enrique Guirado, Gabriela Monzón y Claudia Mariel Medina. La jueza notificó de su decisión al Gobierno provincial.
Una senadora kirchnerista atacó a la jueza
Realmente es un mamarracho jurídico, un despropósito institucional, una aberración desde todo punto de vista porque es una burla a las instituciones democráticas a las reglas del estado de derecho». Así se expresó la senadora chaqueña por el Frente de Todos María Ines Pilatti Vergara ante la decisión de la jueza en lo civil, Marta Aucar de Triotti, a quien tildó de «descerebrada e irresponsable» por suspender en su provincia la ley 27.619 que permite la interrupción voluntaria del embarazo.
En conversación con Radio 750, la senadora manifestó que esta medida es, para ella, indignante porque «evidencia como los poderes concentrados, la derecha argentina, y la militancia religiosa, en complicidad con una jueza, ligada en lo familiar con la iglesia, se burlan de los derechos que costó conseguir tras tantos años de lucha de las mujeres argentinas».
«Si salió la ley es porque la mayoría votó que se quería respetar la salud y la voluntad de las mujeres, por lo que esto de seguir buscando triquiñuelas por afuera, para mí, roza lo delictivo», continuó Pilatti Vergara, quien además objetó que no se pueden judicializar los derechos más elementales de los seres humanos.
Para la senadora kirchnerista, lo indignante de este caso «es que sean capaces de hacer este tipo de alianzas sobre el goce de un derecho adquirido por ley con tantos años de debate previo, del cual formaron parte, fueron escuchados y perdieron».
Además, según la senadora, hay un «prevaricato cantado entre de la jueza y de los actores de esta acción de amparo y la medida cautelar». Con respecto al gobernador de la provincia, la senadora objeto que «[Jorge] Capitanich no está a favor del aborto, pero jamás se le ocurrió levantar un tubo para pedir que no se vote la ley. Pese a su postura, ayer el gobernador pidió que intervenga la fiscalía de Estado en este tema«.
La decisión de suspender la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que fue tomada por la titular del juzgado N°19, tras una media cautelar encabezada por referentes de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomas de Aquino, se sostiene en que el artículo 15 del inciso 1 de la constitución chaqueña garantiza el «derecho a la vida y la concepción», lo cual se contrapone con la ley citada.
Tras la noticia desde Chaco, el ministro de Salud, Ginés Gonzalez García, también se expresó, en su cuenta de Twitter, para manifestar que la cautelar impide los derechos y la salud de las chaqueñas. «Es increíble. ¡Se usa la justicia para no cumplir la ley!», escribió el ministro.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/